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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIN PRIMERA


Bogot, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)


CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEA GARZN


Nmero nico de radicacin: 13001233100020040089601
ACCIN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: GARCILAZO DE LA VEGA SERNA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA INHIBITORIA DE PRIMERA INSTANCIA, POR CUANTO ACERTADAMENTE CONCLUY QUE LA DECISIN POR MEDIO DE LA CUAL LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECIDE EXCLUIR DE LA LISTA DE LIQUIDADORES A QUIEN HA SIDO REMOVIDO DEL CARGO POR FALTAS COMETIDAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES QUE STA ADELANTA, CON SUJECIN A LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 9 DEL CPC, SON TAMBIN ACTOS JURISDICCIONALES NO SOMETIDOS AL CONTROL DE LA JURISDICCIN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.


SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

La Sala procede a resolver el recurso de apelacin interpuesto por el demandante GARCILAZO DE LA VEGA SERNA, a travs de apoderado, contra la sentencia de 4 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolvar, mediante la cual declar probada una excepcin y se inhibi para emitir un pronunciamiento de fondo. 
I.- ANTECEDENTES


I.1- Pretensiones

Solicit el demandante que previo el adelantamiento del trmite a que haya lugar, esta jurisdiccin proceda a:

1-. Declarar la nulidad de la Resolucin Auto nm. 441-002658 de 10 de marzo de 2004.

2-. Declarar la nulidad de la Resolucin auto nm. 441-004283 de 19 de abril de 2004, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposicin, negndolo.

3-. Condenar a la Nacin - Superintendencia de Sociedades a pagarle, a ttulo de restablecimiento del derecho, por concepto de dao emergente, la suma de $8.640.000.000.

4-. Que, igualmente, a ttulo de restablecimiento del derecho y como reparacin por lucro cesante, se condene a la demandada, a pagarle las cantidades correspondientes al valor de los procesos nuevos que dej de atender por haber sido excluido de la lista de liquidadores.

5-. Que, asimismo, se le condene a pagar el valor de los intereses comerciales que resulte a deber por concepto de dao emergente, desde la fecha en que se le excluy de la lista de liquidadores hasta que se haga efectivo su pago, el cual deber efectuarse ajustando su valor al actual, luego de ejecutoriada la sentencia, de acuerdo con el ndice de precios al consumidor.

I.2. HECHOS

Como supuestos fcticos sustentatorios de las pretensiones, la parte actora expuso, en sntesis, los siguientes:

1-. Ante todo, el demandante indic que estuvo inscrito como liquidador en la lista de auxiliares de la justicia que lleva la Superintendencia de Sociedades (en adelante SUPERSOCIEDADES). 

Explic que, mediante Auto nm. 441-13386 de 6 de agosto de 2001, se dio apertura al trmite de Liquidacin Obligatoria de la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. - DRAGACOL S.A.; y que en el mismo provedo fue nombrado como liquidador de dicha sociedad, de conformidad con lo previsto en el artculo 162 de la Ley 222 de 1995.

Seal que la SUPERSOCIEDADES, mediante Auto nm. 441-016661 de 9 de octubre de 2003, orden su remocin como liquidador; y que a travs de Autos nms. 441-002658 de 10 de marzo de 2004 y 441-004283 de 19 de abril de 2004, se tom la decisin de excluirlo como auxiliar de justicia que lleva la Superintendencia.

2-. A su juicio, la decisin de excluirlo de la lista de auxiliares de la justicia que lleva la SUPERSOCIEDADES se realiz con violacin del debido proceso, ya que no se sigui el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002, Cdigo nico Disciplinario (En adelante CUD), para investigar y sancionar disciplinariamente comportamientos que estn descritos como faltas en la ley vigente al momento de su realizacin.

3-. Aludi al artculo 53 del rgimen disciplinario, en cuanto prev quines son sujetos disciplinables.

4-. Manifest que, como liquidador, prest un servicio pblico a cargo del Estado, asimilable a las funciones jurisdiccionales de un juez, motivo por el cual debi ser investigado conforme al CUD y, como no se hizo as, se debe declarar la nulidad de las resoluciones acusadas.

5-. Concluy en que la va gubernativa no era necesaria en el caso concreto, pero que en todo caso utiliz los recursos de ley.

I.3. Normas violadas y concepto de violacin

Consider que con la expedicin de los actos acusados la SUPERSOCIEDADES infringi normas de orden constitucional, artculo 29; y legales, la Ley 734 de 2002. 

 Procedi a sustentar el concepto de violacin, en sntesis, as:

Explic que le siguieron un proceso disciplinario sin tener en cuenta las normas del CUD, motivo por el cual le violaron el debido proceso pues, sin ms trmite, mediante auto 441-002658 de 10 de marzo de 2004, se dispuso su exclusin de la lista de liquidadores elaborada por la SUPERSOCIEDADES y le impusieron una multa por valor de $1.790.000.
 
I.4. Contestacin de la demanda
La SUPERSOCIEDADES, a travs de apoderada, contest la demanda oponindose a la prosperidad de las pretensiones en ella solicitadas, con apoyo en las razones que, de manera sucinta, seguidamente se resean, as:

Inici sus rplicas manifestando que nuestra legislacin expresamente dispone, en los artculos 90 y siguientes de la Ley 222 de 1995, que dicha entidad ejerce funciones jurisdiccionales en el desarrollo de los procesos concursales de todas las personas jurdicas, es decir, que en estos casos acta como juez, y en tal calidad cuenta con poderes sancionatorios (CPC, Decreto 1080 de 1996).

Seguidamente, precis que el liquidador es uno de los principales protagonistas del proceso concursal, por cuanto sobre l recaen diversas calidades como son las de administrador, representante legal de la sociedad deudora y auxiliar de la justicia, cuya funcin primordial es la de procurar la realizacin del objeto de dicho trmite, con base en las expresas facultades previstas en el artculo 166 de la Ley 222 de 1995.

Agreg que en este caso la remocin del liquidador obedeci a que incumpli sus funciones al haber celebrado contratos de corretaje o comisin por venta de unos bienes de DRAGACOL, conducta que afect la prenda general de los acreedores, en contravencin de la prohibicin expresamente prevista en el artculo 194 de la Ley 222 de 1995, por lo que se configur la causal de exclusin contenida en el literal c) numeral 4 del artculo 9 del CPC.

Puso de presente el hecho de que los liquidadores son auxiliares de la justicia y, por ende, ejercen funciones pblicas, conclusin a la que se llega una vez interpretado el artculo 8 del CPC, y, por supuesto, teniendo en cuenta que constitucional y jurisprudencialmente es sabido que las personas que desempean dicho cargo ejercen funciones pblicas transitorias, pero no son servidores pblicos (artculo 123 Constitucional), norma en la que se prev quines s tienen tal calidad y en la que, adems, se establece que la ley determinar el rgimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeen funciones pblicas y regular su ejercicio.

Reconoci que los liquidadores, en su condicin de particulares que ejercen funciones pblicas transitorias, estn cobijados por el rgimen disciplinario, CDU, el que, en su Libro III RGIMEN ESPECIAL, Ttulo I, que regula lo relativo al RGIMEN DE LOS PARTICULARES, seala, en los artculos 52 y siguientes, que el rgimen disciplinario para los particulares comprende la determinacin de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catlogo especial de faltas imputables a los mismos; y si bien el demandante invoc la aplicacin del artculo 53 del CDU, dicha norma no tiene los alcances que l pretende darle, pues de la lectura del artculo 25 ibidem, se concluye que ella no le es aplicable a los liquidadores en materia concursal, tesis que fue apoyada por la Corte Constitucional en sentencia C-286 de 1996.

Advirti que la accin disciplinaria procede por las faltas taxativamente sealadas en la Ley 734 de 2002, mientras que el incidente de remocin debe adelantarse por el incumplimiento grave de las funciones establecidas en la Ley 222 de 1995 y, el incidente de exclusin de la lista cabe frente a las causales previstas en el numeral 4 del artculo 9 del CPC.
    
Precis que el procedimiento para la remocin del Liquidador est previsto en el artculo 171 de la Ley 222 de 1995, declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-123 de 2006, el cual, en este caso, adems de estar en consonancia con las normas aplicables, garantiz el derecho de defensa, y asegur la imparcialidad y neutralidad de la SUPERSOCIEDADES en el trmite realizado.

Propuso las siguientes excepciones:

1-. Culpa de la vctima

Basada en la consideracin segn la cual los documentos allegados al expediente acreditan que la actuacin del demandante fue equivocada; y que ese comportamiento de quien pretende un restablecimiento del derecho, a travs de esta demanda, no puede dejar de valorarse.

2-. Falta de jurisdiccin

Al respecto indic que, como qued visto, DRAGACOL tramita un proceso de liquidacin obligatoria, y los autos jurisdiccionales encausados fueron expedidos por la SUPERSOCIEDADES como juez.

Sustent la prosperidad de esta excepcin, en las consideraciones de carcter jurdico, que bien pueden resumirse, as:

Conforme con lo descrito, no admite discusin el hecho de que la liquidacin de la sociedad DRAGACOL se encuentra sujeta a las normas contenidas en la Ley 222 de 1995.
Las funciones desarrolladas por la SUPERSOCIEDADES, en el trmite del proceso concursal de liquidacin obligatoria, tiene carcter jurisdiccional (artculo 90 de la Ley 222 de 1995) y, por lo tanto, no es posible cuestionar las decisiones en l adoptadas ante la jurisdiccin administrativa, al estar revestidas de un carcter eminentemente jurisdiccional.
En relacin con las funciones jurisdiccionales de la SUPERSOCIEDADES en el trmite de procesos concursales, se han proferido varias decisiones judiciales que avalan aquel carcter en aquellas. 
El proceso de remocin del liquidador fue considerado por el legislador como un trmite expedito y especial, a ser aplicado por la SUPERSOCIEDADES, en ejercicio de la funcin varias veces mencionada, cuya celeridad est acorde con los principios de eficacia y economa, aplicables a la liquidacin obligatoria.
El CCA, artculo 267, al remitir al CPC, para aquellos aspectos no previstos en el mismo, tambin da lugar a que se aplique el artculo 6 del CPC, el cual seala que las normas procesales son de orden pblico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizacin expresa de la ley, de lo cual se desprende que las estipulaciones que contradigan esa regla simplemente se tienen por no escritas.

Concluy en que si la jurisdiccin constitucional, en consonancia con la ley, ha expresado que las decisiones de la SUPERSOCIEDADES, en los procesos concursales, tienen carcter jurisdiccional, para efectos de la viabilidad de los controles a ejercer, no tendra sentido que la jurisdiccin de lo contencioso administrativo prescinda de tal consideracin y se arrogue el derecho de examinarlas.

I.5. Fundamentos de la sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Bolvar, mediante sentencia de 4 de julio de 2014, declar probada la excepcin de falta de jurisdiccin y se inhibi de emitir un pronunciamiento de fondo, con fundamento en las consideraciones que a continuacin sucintamente se resean, as: 

Inici el estudio de los cargos propuestos contra los actos acusados, precisando que el problema jurdico a dilucidar consista en:

Determinar si las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Sociedades, por medio de las cuales se excluy al seor GARCILAZO DE LA VEGA SERNA de la lista de Auxiliares de la Justicia que lleva dicha entidad pblica, tienen la calidad de actos administrativos o, si, por el contrario, los mismos son actos jurisdiccionales, no susceptibles de control ante esta jurisdiccin? 

Con el fin de dilucidar el problema jurdico as planteado, dicha Corporacin procedi a analizar: i) la naturaleza de las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Superintendencia de Sociedades en los procesos concursales; ii) el incidente de exclusin de la lista de auxiliares de la justicia; y iii) el caso concreto.

Respecto de la naturaleza de las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Superintendencia de Sociedades en los procesos concursales, cit el artculo 116 de la Carta Poltica de 1991, el cual autoriza que las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Rama Judicial sean tambin ejercidas, de manera excepcional, por determinadas autoridades administrativas, en precisas materias o asuntos.

Enfatiz en que el artculo 90 de la Ley 222 de 1995, de manera expresa, seala que radica en la Superintendencia de Sociedades la funcin jurisdiccional para conocer de los procesos concursales de las personas jurdicas de derecho privado y, el artculo 89 ibidem, clasifica los procesos en, i) el concordato o acuerdo de recuperacin de los negocios del deudor, y ii) un concurso liquidatorio respecto de bienes que conforman el patrimonio del deudor. Que, a su turno, el artculo 148 de la Ley 446 de 1948, modificado por la Ley 510 de 1999 y, actualmente derogado por el CGP, define que los mismos tienen el carcter de jurisdiccionales, privndolos de accin o recurso alguno ante las autoridades Contencioso Administrativas.

Agreg que los procesos concursales estn sometidos a un trmite jurisdiccional cuyo conocimiento ha sido radicado, por mandato legal, en la SUPERSOCIEDADES, al amparo de las previsiones del artculo 116 Superior, y las decisiones que en ellos se adopten tendrn tambin la calidad de actos jurisdiccionales.

En apoyo a sus consideraciones cit apartes de una sentencia del Consejo de Estado, Seccin Primera, de 21 de noviembre de 2003 (Expediente nm. 25000-23-24-0002001-00408-01(9061), Consejera ponente Olga Ins Navarrete Barrero), en la que se trat el tema relacionado con la naturaleza de los actos proferidos por la SUPERSOCIEDADES en el marco de los procesos concursales, asignndoles carcter de jurisdiccional.
 
Y con base en dicho antecedente jurisprudencial, concluy que las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Sociedades en el mbito de un proceso concursal o de liquidacin obligatoria, tienen carcter de jurisdiccional y, en consecuencia, sobre ellas no es posible ejercer control alguno por la va contencioso administrativa.

En relacin con el incidente de exclusin de la lista de auxiliares de la justicia, el a quo tom en consideracin el numeral 4 del artculo 9 del CPC, modificado por la Ley 794 de 2003, que prev que la exclusin de un auxiliar de la justicia de la lista correspondiente, procede en virtud de un incidente que debe ser promovido, de oficio o a peticin de parte, por el juez que conozca del respectivo trmite, es decir, que se trata de un asunto transversal y una cuestin accesoria que se resuelve en el marco del proceso principal, como lo dispone el artculo 135 del CPC, de manera que la decisin que en dicho incidente se adopte, tendr tambin la calidad de jurisdiccional.

Seguidamente, al abordar el estudio del caso concreto, el Tribunal relacion como hechos relevantes de la demanda: i) que el demandante se encontraba inscrito en la lista de Liquidadores que lleva la SUPERSOCIEDADES; ii) que mediante auto de 6 de agosto de 2001, fue designado como liquidador para el trmite de liquidacin obligatoria de la sociedad DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y DEL CARIBE S.A. DRAGACOL S.A.; iii) que con auto de 9 de octubre de 2003, fue removido del cargo de Liquidador de la mencionada sociedad; y iv) que mediante el incidente de exclusin, fue retirado, por la SUPERSOCIEDADES, de la Lista de Liquidadores, aducindose para ello el incumplimiento grave de sus funciones, decisin que se adopt a travs de los actos acusados.

Concluy que, como se ve, se trata de decisiones que fueron adoptadas por la SUPERSOCIEDADES, en su actuar como juez del proceso concursal, dentro del trmite de Liquidacin Obligatoria de una sociedad comercial, lo que da a sus actos la naturaleza de jurisdiccionales y, por lo mismo, no son objeto de control ante esta jurisdiccin al carecer de la esencia de los actos administrativos. De ah que, a su juicio, se impona declarar debidamente probada la excepcin de falta de jurisdiccin propuesta por la parte demandada, lo que llevaba a un fallo inhibitorio. 

I.7. Fundamentos de los recursos de apelacin
La parte demandante, mediante escrito de 18 de agosto de 2014, impugn la sentencia inhibitoria de 4 de julio de ese ao, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolvar, con fundamento en los motivos de inconformidad que, a continuacin, brevemente se resean, as:
Inici su cuestionamiento contra la decisin de primera instancia con el argumento de que sta no resulta coherente con lo que ha sido planteado en el caso concreto, teniendo en cuenta que en la misma se advierten grandes desatinos jurdicos y argumentativos, al igual que carencia de motivacin real,  lo que llev a la formulacin de un problema jurdico inexistente, que no tiene una estructura lgica y que termina falazmente con la negacin del derecho reclamado, a travs de una SENTENCIA INHIBITORIA. 

Prosigui sealando que, inexplicablemente, luego de que el Tribunal aterriz en un problema jurdico inexistente, consider que en esta oportunidad deba determinar si las decisiones adoptadas por la SUPERSOCIEDADES, por medio de las cuales se le excluy de Lista de Liquidadores que lleva esa entidad, tenan la calidad de actos administrativos o jurisdiccionales, no objeto, estos ltimos, de control por parte de esta jurisdiccin.

Y ms adelante concluy en que no debi el Tribunal proceder de esa manera, pues no defini de fondo, adoptando una tesis en la que el anlisis de la premisa no encuadra con la conclusin.
A su juicio, los problemas lgicos y jurdicos en desarrollo de la premisa de la decisin eran otros y deban estudiarse, as:

El relacionado con la falsa motivacin, en torno al cual reiter que el proceso concursal, como funcin jurisdiccional de la SUPERSOCIEDADES, es un hecho cierto, desde el punto de vista constitucional y legal, pero FALSO para el caso del actor, en la medida en que las actuaciones jurdicas atacadas no se encuentran dentro de los actos jurisdiccionales excepcionales que a aquella le competen pues, en este caso, lo que verdaderamente se discute es la exclusin de un liquidador de la lista de auxiliares de la justicia que lleva dicha entidad, irrespetando los ms elementales procedimientos para ejercer una accin disciplinaria, al no tener en cuenta las normas y principios del CDU.

Hizo hincapi en cuanto a que es una persona natural que ejerci funciones pblicas, por haber prestado un servicio pblico a cargo del Estado, asimilable a las funciones jurisdiccionales de un Juez de la Repblica; y que fue l QUIEN EJERCA LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES EXCEPCIONALES. (el demandante destaca).

Reiter que los auxiliares de la justicia son funcionarios pblicos ocasionales o transitorios, por la calidad de las funciones que desempean, conforme al artculo 193 del CDU.

Enfatiz en que, como liquidador que fue, se encontraba inscrito en la lista de liquidadores de la SUPERSOCIEDADES, de modo que el estudio de los actos administrativos cuestionados, por violacin al debido proceso, debi efectuarse de conformidad con las normas especiales que se encargan de regular el trmite de las liquidaciones obligatorias, contenidas en la Ley 222 de 1995, en la que est previsto un procedimiento administrativo para la remocin del cargo de liquidador, siempre y cuando se encuentre acreditado el incumplimiento grave de las funciones del mismo y en la que, adems, desde el artculo 162 al 172, se regula lo atinente  al liquidador de las sociedades.

Seguidamente, el apelante describi el procedimiento para la remocin del liquidador, para lo cual cit el artculo 171 de la referida Ley; relacion las actuaciones efectuadas por la Superintendencia que concluyeron con su remocin del cargo; mencion y transcribi el artculo 166 ibidem, en el cual se describen las funciones del liquidador.

A partir de lo anterior concluy en que en la normatividad aplicable, se le confiere a la SUPERSOCIEDADES, como directora de todos los procesos liquidatarios, facultades administrativas para remover al liquidador, por lo que en el procedimiento de la remocin se quiso preservar el derecho de defensa del liquidador, brindndosele la oportunidad de rendir descargos dentro del trmite e incluso de contradecir la decisin presentando recursos, pero se observa que, en este caso, en el auto a travs del cual  se dispuso la remocin, tambin se ordena iniciar el incidente de exclusin de la lista de liquidadores, que concluy con la sancin de exclusin y la imposicin de una sancin pecuniaria.

Agreg que en el procedimiento que se adelant con posterioridad no est amparado en la Ley 222 de 1995, ya que esta solo prev la remocin del liquidador con lo cual se podr dejar de pagarle sus honorarios, pero no establece dicha norma que pueda disponerse la exclusin de la lista e imponerse una sancin pecuniaria y, al no tener la SUPERSOCIEDADES facultades, conferidas por dicha Ley, para adoptar este tipo de decisiones, la aqu cuestionada se adopt sin competencia y con afectacin del debido proceso.
 
II. ALEGATOS DE CONCLUSIN

La parte demandante present sus alegatos en esta instancia y, en lo fundamental, reiter los mismos argumentos esgrimidos en la sustentacin del recurso de apelacin. 

La parte demandada tambin present sus alegatos en los que, en esencia, trajo a colacin los mismos argumentos expuestos en la contestacin de la demanda.

El Ministerio Pblico en esta oportunidad, guard silencio.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero advertir que en este caso se limitar el anlisis de la cuestin litigiosa a lo decidido en la sentencia de primera instancia en lo que precisamente fue objeto de cuestionamiento por parte del nico apelante, en virtud de lo dispuesto por el artculo 357 del Cdigo de Procedimiento Civil 

Actos administrativos demandados

Los actos administrativos cuya nulidad se depreca, mediante el medio de control previsto en el artculo 85 del CCA, son los Autos expedidos por la Superintendencia de Sociedades nms. 441-002658 de 10 de marzo de 2004 y 441-004283 de 19 de abril de 2004, los cuales, en su parte resolutiva, dispusieron, en su orden, lo siguiente:

AUTO No. 441-002658
(10 de marzo de 2004)

[...].

En mrito de lo expuesto, el Superintendente Delegado Para Procedimientos Mercantiles,

RESUELVE:

PRIMERO.- EXCLUIR el nombre del doctor GARCILAZO DE LA VEGA SERNA, de la lista de liquidadores elaborada por esta Superintendencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- IMPONER una multa a cargo del doctor GARCILAZO DE LA VEGA SERNA, identificado con la Cdula de Ciudadana No. 73.070.888 de Cartagena (Bolvar), por la suma de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.790.000.OO) M/cte., equivalente a CINCO (5) salarios mnimos legales mensuales, a favor de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

[]. 



AUTO No. 441-004283
(19 de abril de 2004)

[...].

En mrito de lo expuesto, el Superintendente Delegado Para Procedimientos Mercantiles,

RESUELVE:

NO REPONER el auto 441-002658 de 10 de marzo de 2004, a travs del cual se resolvi EXCLUIR el nombre del doctor GARCILAZO DE LA VEGA SERNA, de la lista de liquidadores elaborada por esta entidad e IMPONER una sancin pecuniaria a su cargo.

[].



III.2. El problema jurdico 

La controversia a dilucidar gira en torno a la ilegalidad que, a juicio del demandante, est presente en los autos 441-002658 de 10 de marzo de 2004 y 441-004283 de 19 de abril de 2004, expedidos por la Superintendencia de Sociedades, de la cual, de conformidad con los cargos formulados, se derivan los interrogantes que deben ser objeto de pronunciamiento y que la Sala plantea, as: se le viol el debido proceso al demandante al no aplicar la Ley 734 de 2002, en la actuacin que culmin con la decisin de excluirlo de la lista de auxiliares de la justicia que lleva la Superintendencia de Sociedades?; el acto por medio del cual la Superintendencia excluy al demandante de la lista de auxiliares de la justicia, se adopt en ejercicio de atribuciones jurisdiccionales o, por el contrario, en desempeo de las funciones administrativas propias de dicha entidad.
III.4. Caso concreto

Previo al anlisis de los cuestionamientos centrales del caso concreto, considera la Sala pertinente aclarar que el estudio que habr de adelantarse se circunscribir al acto que decidi la exclusin del demandante de la lista de auxiliares de la justicia, pues si bien ste, de acuerdo con sus argumentos propuestos en el recurso de apelacin, alude a lo referente a la remocin del cargo de liquidador, lo cierto es que esta ltima situacin no fue parte de lo que se plante, debati o demostr en la primera instancia, lo cual no obsta para que se haga mencin a dicha figura debido a la conexidad normativa que guarda con la que debe examinarse.

Precisado lo anterior y con el fin de absolver los problemas jurdicos que se dejaron esbozados, la Sala abordar previamente el tema relacionado con la funcin jurisdiccional atribuida a la Superintendencia de Sociedades.

La funcin jurisdiccional, entendida como la potestad del Estado para declarar el derecho aplicable a un caso determinado, que genera por s mismo un conflicto, el cual no puede ser objeto de solucin de manera espontnea, no solo es ejercida por los rganos pertenecientes a la Rama Jurisdiccional, sino que tambin puede ser asumida por sujetos ajenos a la misma, a los que se les ha otorgado reconocimiento de orden constitucional para juzgar, en la condicin de rganos jurisdiccionales equivalentes, pretensiones procesales. De ah que nuestra Constitucin haya entregado a funcionarios de la Rama Administrativa, particulares y a autoridades u rganos diferentes al jurisdiccional este poder, exigiendo que quienes asuman el ejercicio de estas funciones, deban poseer las condiciones de los jueces naturales para as poder cumplir dignamente aquellas que le fueron otorgadas, no sin antes examinar si en efecto el ejercicio de estas funciones se desarrollan observando los principios que caracterizan al proceso jurisdiccional en manos de sus propios funcionarios, tales como el principio de la independencia, autonoma, imparcialidad y, el ms importante de todos, el debido proceso.

La congestin que se predica en la administracin de justicia ha obligado a buscar figuras jurdicas que permitan descargar a los jueces de la gran cantidad de procesos de los que tienen conocimiento y, de esta manera, lograr la resolucin de conflictos de forma ms gil o expedita. Lo anterior ha significado que se ha venido entregando a los particulares y a algunas autoridades u rganos diferentes al jurisdiccional la adopcin de decisiones jurisdiccionales. Todo lo cual se ha dado teniendo en cuenta la colaboracin armnica de las distintas ramas del poder pblico dispuesta para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en las normas constitucionales y la necesidad de descongestin de los despachos judiciales. Es as como dichas normas han previsto que las autoridades administrativas ejercern funciones jurisdiccionales de manera excepcional.

En efecto, el artculo 116 de la Constitucin Poltica seala que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscala General de la Nacin, los Tribunales, los jueces y la justicia penal militar, administran justicia; que el Congreso ejercer determinadas funciones judiciales; que la ley podr atribuir funciones judiciales a determinadas autoridades administrativas, salvo para adelantar la instruccin de sumarios o para juzgar delitos; y que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la funcin de administrar justicia en la condicin de conciliadores o de rbitros. 
Esta norma superior no desvirta el principio de la separacin de poderes (artculo 113 Constitucional), ni la autonoma de la Rama Judicial del poder pblico (artculo 228 ibidem), ni el debido proceso por cuanto, la Constitucin Poltica autoriza a que el legislador expida normas con fuerza de ley para atribuir funciones judiciales a determinadas autoridades administrativas. 

El que el mencionado artculo 116 Constitucional establezca que la asignacin de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas es de carcter excepcional significa que la interpretacin del alcance de esas facultades debe ser siempre restrictiva, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de convertir la excepcin en regla, lo que ira en contrava de la finalidad que el rgano constituyente se propuso alcanzar. De manera que, as entendidas las cosas, la posibilidad comentada pasa a ser una medida razonable y necesaria para el orden jurdico. 

El alcance restrictivo tambin significa que solamente pueden administrar justicia aquellas autoridades administrativas designadas expresamente por la ley, en la cual, adems, se deben indicar las materias precisas respecto de las cuales ello est permitido. Sobre este tema han sido reiterativos los pronunciamientos de la Corte constitucional, entre los que cabe citar la sentencia C-156 de 2013, en la cual dicha Corporacin manifest, en lo pertinente, lo siguiente:

[]La Corte Constitucionalreitera su lnea en relacin con la necesidad de que el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas sea claro, expreso y concreto; agregando que, en este contexto, la designacin del funcionario encargado de adelantar la nueva atribucin tambin debe ser especfica, con el propsito de adelantar un juicio acerca de si la funcin concedida tiene relacin con la materia legalmente asignada a la entidad administrativa y, al mismo tiempo, si en virtud de las funciones que ordinariamente desempea, se garantizar la independencia en el servicio de la administracin de justicia.

[]
De acuerdo con la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad, la condicin de excepcionalidad se cumple, en primer trmino, mediante la satisfaccin de dos condiciones: la reserva de ley en la asignacin de esas funciones (que puede ser satisfecha tambin mediante la promulgacin de decretos con fuerza de ley), y la precisin en la regulacin legislativa. La reserva de ley garantiza la excepcionalidad por un mecanismo de residualidad: dada la amplitud del universo de supuestos que corresponde definir a la jurisdiccin, o que potencialmente pueden llegar a su conocimiento, y en virtud del principio de divisin de funciones entre las ramas del poder pblico, opera una regla de cierre segn la cual todos los asuntos sobre los que no exista una excepcin taxativamente consagrada en la Constitucin o en la Ley, sern de competencia de los jueces. Como ese universo de supuestos susceptibles de ser definidos judicialmente es particularmente amplio, esta primera condicin cumple una funcin importante, que se puede sintetizar as: siempre que el Legislador prevea una atribucin de competencias en materia jurisdiccional en cabeza de autoridades administrativas, se puede suponer que, residualmente, se mantendr un conjunto muy amplio de materias de competencia exclusiva de los jueces. En otros trminos, aquello que menciona la ley se torna en excepcin porque, en oposicin a ello -y a las competencias jurisdiccionales que el propio Constituyente asign al Congreso de la Repblica en los artculos 174 y 178 de la Carta-, todo lo dems se mantiene bajo la jurisdiccin y competencia de los rganos estrictamente judiciales. Con todo, el Legislador podra, mediante la promulgacin sucesiva de leyes con un mbito excepcional de aplicacin (en los trminos planteados en el prrafo precedente), atribuir demasiadas funciones jurisdiccionales a la administracin, asumiendo que siempre quedar un campo ms amplio para los jueces. Esa situacin, sin duda, debilitara la administracin de justicia como institucin pues en lugar de destinar los esfuerzos estatales al fortalecimiento de la actividad judicial, el Estado la privara progresivamente de funciones y desdibujara el reparto general de competencias entre las ramas del poder pblico, de manera que el crecimiento paulatino de las excepciones genera cada vez ms dudas sobre el respeto por el principio o condicin de excepcionalidad del artculo 116 Superior. 
[]
La condicin de precisin en la asignacin de funciones jurisdiccionales a rganos administrativos enfrenta este problema, exigiendo al legislador un especial cuidado en la designacin de los funcionarios (o los rganos), y la definicin de las reas en las que se desarrollar esa competencia excepcional. Esa precisin tiene como fin impedir que las competencias comprendan campos demasiado amplios de accin judicial, en virtud del uso de formulaciones generales en las disposiciones normativas correspondientes y permite al juez constitucional evaluar si se respeta el mandato de excepcionalidad. La precisin en la tarea legislativa, adems, va de la mano del principio de interpretacin restrictiva de las excepciones, como barrera adicional a una atribucin carente de lmites de funciones jurisdiccionales a la administracin y, por lo tanto, incompatible con la Constitucin Poltica.

[]
El artculo 116 de la Carta otorga al Legislador la facultad de conferir facultades jurisdiccionales a la administracin, pero lo hace con un conjunto de prevenciones. En ese sentido, a la luz del texto de esa clusula superior, y de la voluntad constituyente en ella plasmada, su desarrollo debe efectuarse cumpliendo tres condiciones o tres grupos de condiciones, as: En primer trmino, debe respetar un principio de excepcionalidad, asociado a (i) la reserva de ley en la definicin de funciones (incluidos los decretos con fuerza de ley), (ii) la precisin en la regulacin o definicin de tales competencias; y (iii) el principio de interpretacin restringida o restrictivita de esas excepciones. En segundo lugar, la regulacin debe ser armnica con los principios de la administracin de justicia, entre los que se destacan (iv) la autonoma e independencia judicial; (v) la imparcialidad del juzgador; y (vi) un sistema de acceso a los cargos que prevea un nivel determinado de estabilidad para los funcionarios judiciales. Y, por ltimo, debe ajustarse al principio de asignacin eficiente de las competencias, el cual se concreta en un respeto mnimo por la especialidad o la existencia de un nivel mnimo de conexin entre las materias jurisdiccionales y las materias administrativas en las que potencialmente interviene el rgano. Esa conexin debe ser de tal naturaleza, que asegure el derecho a acceder a un juez competente, y que, a la vez, brinde garantas suficientes de independencia de ese juzgador. [].


Ahora, en lo concerniente a las atribuciones jurisdiccionales ejercidas por la Superintendencia de Sociedades, sta tiene claro sustento en el artculo 116 Constitucional y, tambin, en el artculo 2 del Decreto 1080 de 1996, mediante el cual se determina la estructura, administracin y recursos de la mencionada entidad, norma esta ltima que fue expedida en uso de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la Repblica por el artculo 226 de la Ley 222 de 1995.

Como se observa, la Constitucin Poltica permite la asignacin de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, como lo son las superintendencias, siempre que se cumplan las exigencias que se desprenden de la lectura del artculo 116 Constitucional, entre otras, que la funcin jurisdiccional sea atribuida por la ley, esto implica que la funcin bien puede establecerla el legislador ordinario (Congreso de la Repblica art. 50 C.P.) o el extraordinario (Presidente de la Repblica en ejercicio de sus facultades legislativas).

Ms especficamente, la inequvoca asignacin de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades en los procesos concursales est prevista en el artculo 90 de la Ley 222 de 1995, en los siguientes trminos: 

ART. 90. Competencia. La Superintendencia de Sociedades asume la funcin jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artculo 116 inciso 3 de la Constitucin Poltica. Ser competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurdicas, llmense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estn sujetas a un rgimen especial de intervencin o liquidacin. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarn los procedimientos concursales de las personas naturales. (La Sala destaca).


 A su turno, el numeral 6 del artculo 157 ibidem, prev que en la providencia de apertura del trmite de liquidacin obligatoria se ordenar, entre otras, el nombramiento y la inscripcin en el registro mercantil o en el registro correspondiente, de la persona designada como liquidador, la providencia de apertura se notificar en la forma prevista para el concordato y procedern los recursos all establecidos. Lo cual es concordante con el artculo 162 de la misma ley, en el que se establece que el liquidador ser designado por la Superintendencia de Sociedades en la misma providencia que ordene la apertura del trmite liquidatorio.

Ahora, en cuanto al liquidador se refiere, se observa que este ostenta dentro del proceso concursal, previsto en la Ley 222 de 1995, diversas calidades como son: la de administrador, artculo 22; representante legal de la sociedad deudora, inciso 1, artculo 166; y auxiliar de la justicia, artculo 8 del C de P.C. y sus deberes estn consignados en el artculo 23, de aquella norma. Por lo dems, las funciones que le asigna la ley al liquidador se encuentran descritas en el artculo 166 ibidem.

Respecto a la remocin del liquidador el artculo 171 de la Ley 222 de 1995, prev que habr lugar a la remocin del liquidador, de oficio o a peticin de la junta asesora, cuando se acredite el incumplimiento grave de sus funciones. De la solicitud de remocin se dar traslado al liquidador, por el trmino de cinco das, vencido el cual se decidir la misma y se designar la persona que haya de sustituirlo. Contra esta providencia procede nicamente el recurso de reposicin. Si se encuentra probado el motivo de la remocin, el liquidador no tendr derecho al pago de los honorarios definitivos.

Como ya se manifest en lneas anteriores, los liquidadores son auxiliares de la justicia. Adicionalmente, el artculo 6 de la Ley 446 de 1998, dispone: Exclusin de Lista: El Cdigo de Procedimiento Civil tendr un artculo nuevo del siguiente tenor: Artculo 9 A. Exclusin de la Lista: Las autoridades judiciales excluirn de las listas de auxiliares de la justicia e impondrn multas hasta de diez 10 salarios mnimos legales mensuales segn el caso: [] []3. A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administracin de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestin, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administracin negligente [] .
Anlisis del caso 

El seor GARCILAZO DE LA VEGA SERNA, demand, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho los Autos nms. 441-002658 de marzo 10 de 2004 y  441-4283 de 19 de abril de 2004, por medio de los cuales la SUPERSOCIEDADES decidi excluir su nombre de la lista de Auxiliares de la Justicia. 

En el fallo de primera instancia, el Tribunal consider que las decisiones acusadas no se erigen en actos administrativos susceptibles del control de legalidad previsto en el artculo 85 del CCA, por haber sido adoptadas en uso de las funciones jurisdiccionales que le han sido atribuidas a la SUPERSOCIEDADES, dentro de un proceso concursal sujeto a las previsiones de la Ley 222 de 1995. 

El demandante, por su parte, apel la decisin de primera instancia, argumentando, resumidamente, que el a quo err al interpretar que los actos por los cuales se dispuso su exclusin de la lista de liquidadores de la SUPERSOCIEDADES, no tenan la condicin de actos administrativos y, por lo tanto, que no eran enjuiciables ante esta jurisdiccin, teniendo en cuenta que, a su juicio, tal parecer resulta totalmente alejado de la realidad jurdica que envuelve la legalidad de este tipo de situaciones, pues la exclusin de la lista de liquidadores, es una manifestacin de voluntad que, a todas luces, reviste la condicin de acto administrativo de carcter laboral, y su expedicin debe darse respetando todas las garantas constitucionales y legales de que estn revestidas este tipo de actuaciones.

As las cosas, y teniendo en cuenta la aclaracin que inicialmente se puso de presente, proceder la Sala a estudiar los argumentos expuestos en el recurso con el fin de determinar si stos tienen o no vocacin de prosperidad.

Lo primero que resulta menester reconocer es que el rgimen concursal en la modalidad de liquidacin judicial, bajo el amparo de la Ley 222 de 1995, es un proceso de carcter jurisdiccional donde el Juez del proceso es la Superintendencia de Sociedades, lo cual se aviene con lo dispuesto en el inciso 3 del artculo 116 de la Constitucin Poltica, por tanto, dicha autoridad es competente para adelantar e impulsar el procedimiento legalmente previsto. 

Respecto a la naturaleza jurisdiccional de las decisiones adoptadas dentro del trmite de los procesos concursales, esta Corporacin ha sostenido, aun en vigencia de la Carta de 1986, la naturaleza jurisdiccional de dichas decisiones, al abstenerse reiteradamente de conocer de demandas de nulidad interpuestas contra providencias dictadas por la SUPERSOCIEDADES en procesos concursales, bajo el entendido de que stas se expedan en ejercicio de una funcin jurisdiccional y no de funciones administrativas. Es as como esta Corporacin, en sentencia de 29 de septiembre de 1979, Consejero ponente Carlos Betancur Jaramillo, sostuvo:  

[] No podra pensarse que los actos [jurisdiccionales] expedidos por la superintendencia en este campo sigan la regla general de control de legalidad de los actos administrativos, no solo porque no existe vaco en este campo, sino porque la voluntad de la Ley es demasiado clara cuando jurisdiccionaliza esta actividad y la sujeta a un rgimen especial []. No tendr ninguna lgica, y quebrantara la separacin establecida por la Ley entre la jurisdiccin ordinaria y la contencioso administrativa, que los actos de la Superintendencia dictados en relacin con un concordato preventivo obligatorio, estuvieran sometidos indistintamente a una y otra, como si en esos casos la actuacin constituyera un hibrido jurdico compuesto por decisiones jurisdiccionales y administrativas. Fuera de esto introducira un factor de desconcierto para los administrados y les entorpecera su derecho de defensa, atentara contra la organizacin judicial misma regulada por normas de obligado acatamiento [].

Posteriormente, la Seccin Primera, en sentencia de 27 de marzo de 1989 (Expediente nm. 227, Consejero ponente Samuel Buitrago Hurtado), al decidir una demanda de nulidad interpuesta contra un acto jurisdiccional emanado de la Direccin General Martima y Portuaria-DIMAR, seal que [] estos actos de las entidades administrativas demandados por la va de accin de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho no pueden asimilarse a []los actos administrativos unilaterales, puesto que a travs de ellos [los jurisdiccionales] se ha definido una controversia civil, o comercial, entre particulares razn por la cual los actos jurisdiccionales no [] pueden mutarse a administrativos por interpretacin  jurisprudencial [].

Igualmente, esta Corporacin ha ratificado esta tesis manifestando que [] Lo que otorga competencia a la jurisdiccin contencioso administrativa para conocer de la actividad administrativa no es la calidad de la entidad pblica sino la condicin de administrativa de la misma. El Cdigo Contencioso administrativo, al sealar la extensin del control, establece que la jurisdiccin de lo contencioso administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con clusula de caducidad de las entidades pblicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este estatuto (destaca la Sala); es decir que el control se realiza en relacin con el ejercicio de la funcin administrativa del Estado y no de otras funciones del mismo, como la legislativa o la jurisdiccional []. As las cosas, teniendo los actos acusados naturaleza jurisdiccional, escapan por definicin a la jurisdiccin de lo contencioso administrativa, ya que mediante esta accin solo se pueden juzgar los actos administrativos, de acuerdo con lo estipulado en los artculos 84 y 85 del CCA; y, por lo mismo, no es admisible que por razn de ellos se adelante un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 

Y en sentencia ms reciente, de 24 de noviembre de 2016 (Expediente nm. 2009-00381-01, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valds) la Seccin Primera expres: [] Las decisiones que se profieran por las autoridades en el curso del proceso de intervencin previsto en el Decreto Legislativo 4334 de 2008, son decisiones jurisdiccionales, las cuales escapan al control de la jurisdiccin contencioso-administrativa. En esa medida, al ser el Auto 420-007618 del 21 de abril de 2009 proferido por la Superintendencia de Sociedades, una decisin de tal naturaleza, esta Seccin no puede juzgar la legalidad del mismo. [] La Corte Constitucional encontr ajustada a la Constitucin Poltica, la atribucin de funciones jurisdiccionales que realiz el Decreto 4334 de 2008, razn por la que no le corresponde a esta Sala discutir la naturaleza jurdica de las decisiones que emite la Superintendencia de Sociedades, como lo pretende el demandante, mxime cuando la misma Corte Constitucional ha sealado que, si en la adopcin de las decisiones que le corresponde emitir a esa entidad en desarrollo del procedimiento de intervencin, se presentaren vas de hecho, el afectado puede acudir a la accin de tutela, en procura de obtener el amparo judicial correspondiente [].

De conformidad con la doctrina trazada por la Corporacin, los actos jurisdiccionales de las superintendencias no podran ser demandados por la va de accin de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.

Por ltimo, el inciso 3 del artculo 148 de la Ley 446 de 1998, reafirm todo lo anterior con relacin a la naturaleza de los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades en el trmite de los procesos concursales, para concretar que los mismos tienen carcter jurisdiccional, privndolos de accin o recurso ante las autoridades judiciales:

 Inciso 3o. CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. Los actos que dicten las Superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrn accin o recurso alguno ante las autoridades judiciales. [].

Ahora bien, a juicio del apelante, el a quo err al interpretar que los actos de exclusin de la lista de auxiliares, no son actos administrativos, y, como tal, no enjuiciables ante esta jurisdiccin.

Al respecto, para la Sala es preciso tener en cuenta que a la luz del artculo 22 de la ley 222 de 1995, el liquidador es un administrador y como tal est sujeto a los deberes que les son propios, previstos en el artculo 23 ibidem, y, a su vez, al cumplimiento de aquellas obligaciones derivadas de las funciones que la misma ley 222, citada, le fija al liquidador, en su condicin de auxiliar de la justicia, entre las cuales deben tenerse en cuenta aquellas establecidas como presupuestos de remocin de los administradores en el artculo 117 ibidem, los que, sin lugar a dudas, podran comportar un juicio de responsabilidad civil por los perjuicios que en cada uno de estos eventos se pudieren ocasionar al deudor, a los asociados, acreedores y terceros. 

En efecto, aunque las causales enumeradas en el artculo 117, citado, de suyo puedan determinar la imposicin de una sancin pecuniaria por parte del juez del proceso concursal, ello no excluye la opcin de acudir a la justicia ordinaria en aras de obtener una indemnizacin de perjuicios, por parte de quienes consideren vulnerados sus derechos patrimoniales por la actuacin del liquidador.   

En punto a este aspecto, el artculo 167 de la Ley 222 de 1995 seala lo siguiente: RESPONSABILIDAD. El liquidador responder al deudor, a los asociados, acreedores y terceros, y si fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio que recibe para liquidar, razn por la cual, para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalo de los mismos, realizado conforme a las normas previstas, determinarn los lmites de la responsabilidad. De igual manera, responder de los perjuicios que por violacin o negligencia en el cumplimiento de sus deberes cause a las personas. 

Las sanciones impuestas a los liquidadores que no acten de acuerdo con la ley pueden ir desde la imposicin de sanciones pecuniarias, con fundamento en las facultades que tiene la SUPERSOCIEDADES, previstas en el artculo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995, hasta la remocin del cargo, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 152 ibidem, concordante con el artculo 171 de la misma norma, sin perjuicio, desde luego, de las acciones civiles y/o penales que puedan derivarse de sus actuaciones. 

Adicionalmente, el artculo 9 del CPC, reglamenta lo concerniente a la designacin, aceptacin del cargo, calidades y exclusin de la lista de auxiliares de la justicia y, en su numeral 4, prev: Exclusin de la Lista: Las autoridades judiciales excluirn de las listas de auxiliares de la justicia e impondrn multas hasta de diez 10 salarios mnimos legales mensuales segn el caso: [] 3. A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administracin de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestin, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administracin negligente [] PARGRAFO 1o.La exclusin y la imposicin de multas se resolvern mediante incidente el cual se iniciar por el juez de oficio o a peticin de parte, dentro de los diez (10) das siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la exclusin o de su conocimiento. Para excusar su falta el auxiliar deber justificar su incumplimiento. []. (la Sala destaca).

A su vez, en lo que toca con los incidentes, el artculo 135 prev que se tramitarn como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente seale; las dems se resolvern de plano, y si hubiere hechos que probar, a la peticin se acompaar prueba siquiera sumaria de ellos.

Respecto al tema de remocin de los auxiliares de la justicia en el proceso concursal, la Sala estima oportuno traer a colacin lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-123 de 2006:

[]Considera la Corte, que el trmino de traslado por cinco (5) das concedido al liquidador, cuando se pretende su remocin, bien de oficio o a peticin de la junta asesora, no resulta irrazonable ni desconoce la garanta del derecho de defensa, en la medida que le permite a ste contar con el tiempo suficiente y oportuno para contradecir los cargos que por incumplimiento grave de sus funciones se le atribuyen, como tambin le permiten ejercer el derecho de defensa presentando y solicitando, en dicha oportunidad, las pruebas que pretende hacer valer a su favor. Debe sealarse, que las modificaciones que, en general, introdujo el legislador al rgimen de procesos concursales, pretendieron darle mayor celeridad a dichos trmites, a fin de permitir cumplir en mejor forma la regulacin de las relaciones de las sociedades tanto en el mbito interno como en el mbito externo. As, por su parte, el trmite para la remocin del liquidador se dispuso igualmente gil, consagrndose un trmino de cinco (5) das del traslado al liquidador, garantizndose de tal manera su derecho de defensa, mxime si se tiene en cuenta que se est ante una cuestin accesoria al trmite principal de liquidacin, que requiere un trmite expedito y sumario.

[]

Teniendo en cuenta que la remocin del liquidador por el incumplimiento grave de sus funciones puede conllevar responsabilidad por los perjuicios que con tal conducta cause al deudor, a los asociados, acreedores y terceros, deben prevalecer los principios que rigen el debido proceso como garanta de los derechos del implicado; en tal medida, sta persona debe gozar de una oportunidad, no solo para solicitar pruebas, sino igualmente para su prctica cuando lo considere necesario para su debida defensa. Encuentra la Corte, que la norma acusada forma parte de las disposiciones de la Ley 222 de 1995, que modific el Libro II del Cdigo de Comercio y expidi un nuevo rgimen de procesos concursales; por tanto, se trata de una normatividad propia del Cdigo de Comercio, que prev en los artculos 1 y 2, que en lo no regulado por la ley comercial se aplicarn las disposiciones de la legislacin civil. Norma remisoria, que permite para el caso acudir a las propias de la legislacin procesal civil que prevn un trmite incidental para decidir cuestiones accesorias a un trmite procesal principal, para el cual dispuso el legislador un trmino para practica de pruebas de diez (10) das, y que no resulta extrao para el trmite de la remocin del liquidador, si se tiene en cuenta que varias normas de la misma Ley 222 de 1995 reenvan expresamente a esta regulacin procesal civil. Por consiguiente, aplicando estas normas de reenvo, se logra garantizar la fase probatoria para beneficio del debido proceso y el derecho de defensa del liquidador, cuando se le pretenda remover. En consecuencia, debe entenderse que una vez vencido el trmino de cinco (5) das previsto para el traslado al liquidador, el cual debe otorgrsele siempre, bien se trate de su remocin de oficio o bien a peticin de la juntas asesora, la Superintendencia de Sociedades decretar y practicar en un trmino de diez (10) das las pruebas que el liquidador solicitare o aquella que considere de oficio, vencido el cual, o no habiendo pruebas por practicar, decidir el asunto. []. (La Sala destaca y subraya).

Conforme con todo lo anterior, para la Sala es claro que as como el artculo 171 de la Ley 222 de 1995, establece que la remocin implica un trmite en el que formulado el pliego de cargos se da traslado al liquidador por 5 das, dentro del cual tiene la posibilidad de presentar descargos y ejercitar su derecho de defensa con todas las prerrogativas, como la de solicitar y aportar pruebas, que una vez vencido permite al Superintendente de Sociedades decidir de fondo, bien puede inferirse que, tratndose de la exclusin de la lista de liquidadores, que tambin tiene su propia finalidad, objeto y procedimiento, considerado este ltimo como un ejercicio expedito y especial, al igual a como sucede con la remocin, teniendo en cuenta adems la equiparacin o equivalencia que el legislador hace de ambas figuras, tambin debe ser aplicada dicha medida por la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de la funcin jurisdiccional, mediante trmite incidental especial, de conformidad con lo previsto en el artculo 135 y SUPERSOCIEDADES del CPC, cuya celeridad est acorde con los principios de eficacia y economa atribuibles a la liquidacin obligatoria.

Y es que la escisin que fluye de la manera en que, desde un principio, vienen planteados los cargos de la demanda, en los que propiamente no fueron cuestionadas las decisiones concernientes a la remocin del cargo, seguramente, bajo el entendido de que se trataba de actos jurisdiccionales propios del proceso, pero que, en cambio, s hay lugar a controvertir las decisiones que recayeron sobre la exclusin de la lista de auxiliares de la justicia, como en efecto se hizo, bajo la consideracin de que stos ostentan una naturaleza distinta de la de los anteriores, en tanto que pasan a convertirse en actos administrativos de carcter disciplinarios cuya adopcin debe estar precedida de la aplicacin del CDU, resulta ser absolutamente inadmisible por cuanto la misma para nada se desprende de lo dispuesto por el artculo 9 del CPC, que trata ambas figuras como equivalentes, desde el punto de vista de los rganos y de la oportunidad en que pueden aplicarla, esto es, aquellos que hacen parte de la Rama Judicial o que cuentan con competencias jurisdiccionales especficas y excepcionalmente asignadas, como sucede con la SUPERSOCIEDADES en este caso. 

De ello se desprende que, desde el punto de vista orgnico, en s mismo considerado, la funcin atinente, tanto a la remocin del cargo dentro del proceso como a la exclusin de la lista de auxiliares, resulta ser claramente jurisdiccional, y en ese sentido el tratamiento o la regulacin que se hace de ambas figuras en una misma norma, la cual somete a una y otra a un mismo trmite clere y expedito, para efectos de la conclusin que se deja sentada, juega un papel muy significativo que no se puede dejar de valorar, y menos an, tratndose de una situacin como la aqu dilucidada en la que la razn de la exclusin de la lista viene dada por los mismos hechos y circunstancias que motivaron la remocin del cargo. Luego, all existe una univocidad o conexidad que racionalmente no se puede fraccionar o deshacer para concluir impropiamente que una decisin (la de la remocin del cargo dentro del proceso) s puede ser jurisdiccional pero la otra (la de la exclusin de la lista) directamente imbricada con la anterior, es administrativa. Y ello es as, no solo porque la norma que sirve de fundamento a ambos trmites y decisiones no prev semejante distincin, que, por resultar radical, requerira de un sealamiento normativo expreso, que no lo hay, de lo cual surge la necesidad de aplicar el conocido aforismo hermenutico segn el cual donde el legislador no distingue no le es dado al interprete hacerlo. Y, adems, como se ha visto, en este caso una figura (la remocin del cargo) es causa eficiente de la otra (la exclusin de la lista) de lo cual se desprende que la segunda es consecuencia directa e inescindible de la primera, lo cual, a simple vista, descarta el entendimiento de que ambas puedan valorarse independientemente como si tuvieran un naturaleza distinta, pues lo lgico y elemental es considerar que si una tiene naturaleza jurisdiccional, en cuanto a la decisin que la aplica se refiere, la otra, por razones de inescindibilidad interpretativa, tratndose de una misma norma, debe ostentar la misma condicin.  Dicho de mejor manera, si la falta cometida por el auxiliar de la justicia es la causa de la remocin y esta, a su vez, el sustento de la exclusin, cmo no admitir que todas las decisiones que se adoptan al respecto comparten la misma naturaleza, que, en este caso, por lo que se ha advertido, no puede ser otra que la de jurisdiccional atendiendo el punto de vista orgnico (autoridad que profiere la decisin) que en este asunto es el criterio que debe prevalecer. 

Y es que la mejor imparticin de justicia, pronta y cumplida, no se logra con solo remover de su cargo dentro del proceso al auxiliar de la administracin de justicia que incumple gravemente con sus deberes sino, tambin, impidiendo que ste sea nombrado en otros procesos en los que pueda replicar sus actuaciones precedentes, con las consiguientes trabas para la buena marcha de aquella, lo cual se previene, segn la disposicin aplicable, excluyndolo de la lista respectiva. De ah la necesidad de que ambas actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la norma pertinente, puedan adelantarse y resolverse, mediante tramite incidental especial dentro del proceso de que se trate, por los jueces y (por quienes hagan las veces de tal) de manera gil y expedita, sin desmedro, desde luego, del derecho de defensa, el cual en este caso se garantiza a plenitud, como ha quedado evidenciado, al amparo del precepto que regula el asunto. 

De acuerdo con lo que se deja expresado, la Sala descarta la exgesis que el demandante de cierta forma ha planteado, desde el inicio mismo de este proceso, en el sentido de que el trmite de la remocin del cargo conforme con lo dispuesto por el artculo 9 del CPC, vigente para entonces, bien puede ser jurisdiccional, lo cual no cuestion; y que, por el contrario, la exclusin de la lista de auxiliar de la justicia es de naturaleza administrativa, no sujeta a las prescripciones de la anterior norma, sino a las del CDU.

La Sala considera que la mejor manera de proteger los derechos se encuentra en la observancia de las formalidades y los procedimientos previstos por las normas legales, reglas que no pueden modificarse a voluntad de la entidad para no desatender las garantas esenciales plasmadas en el artculo 29 de la Constitucin Poltica. 

Cabe precisar que el auxiliar de justicia, como es el liquidador, no es parte en el proceso de la liquidacin obligatoria, sino, que es el destinatario de las rdenes que le imparte la Superintendencia de Sociedades como juez del proceso y director de ste. Por ende, en tanto que titulares de funciones pblicas, los particulares a los cuales se les han asignado, asumen las responsabilidades con todas las consecuencias que ello comporta en materia penal, disciplinaria, fiscal o civil. 

En relacin con lo alegado por el apelante en el sentido de que en el trmite de exclusin de la lista de auxiliares de la justicia que adelanta la SUPERSOCIEDADES, debi drsele aplicacin a la Ley 734 de 2002, Cdigo Disciplinario nico, cabe recordar que la accin disciplinaria es autnoma e independiente por lo que puede concurrir junto con un trmite de remocin y de exclusin de la lista de liquidadores sin que exista prejudicialidad. 

De otra parte, la Sala precisa que, la accin disciplinaria procede por las faltas taxativamente indicadas en la Ley 734 de 2002, mientras que el incidente de remocin procede por el incumplimiento grave de las funciones establecidas en la Ley 222 de 1995, y el incidente de exclusin de la lista por las causales previstas en el numeral 4 del artculo 9 del CPC. 

Todo lo anterior permite concluir a la Sala, que la decisin de la SUPERSOCIEDADES, en su condicin de juez de la Liquidacin Obligatoria de la sociedad DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y DEL CARIBE S.A.- DRAGACOL S.A., de excluir al seor GARCILAZO DE LA VEGA SERNA, de la lista de auxiliares de la justicia que esa entidad lleva, conforme al numeral 4 del artculo 9 y mediante el tramite incidental previsto en los artculo 135 del CPC, tiene la condicin de un acto de naturaleza jurisdiccional. 

En consecuencia, al no tratarse de actos administrativos,  sino jurisdiccionales, no son objeto de control ante la jurisdiccin de lo contencioso administrativa, lo que conduce a declarar que se encuentra probada la excepcin de falta de jurisdiccin propuesta por la parte demandada y que hall bien fundamentada el a quo, pues se expidieron dentro de un proceso de la misma naturaleza, como lo es el proceso concursal, en el cual, dada su conducta de celebrar contratos de corretaje o comisin por venta de unos bienes de DRAGACOL, afect tales bienes que constituyen la prenda general de los acreedores, lo que motiv la decisin de su exclusin de la lista de liquidadores.  

As las cosas, se confirmar el fallo de primera instancia en razn a que ninguno de los cargos planteados por la parte demandante tuvo vocacin de prosperidad y as se dispondr en la parte resolutiva de esta providencia.

No habr condena es costas en esta instancia, por cuanto no se dan los presupuestos para ello, en los trminos del artculo 171 del CCA, que deja a cargo del juez la valoracin sobre la procedencia de aquella.

En mrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolvar, en Descongestin, que declar probada la excepcin de falta de jurisdiccin y se inhibi de emitir un pronunciamiento de fondo en torno a la legalidad de los Autos nms. 441-002658 de 10 marzo de 2004 y 441-004283 de 19 de abril de 2004. 

SEGUNDO: En firme esta providencia, remtase el expediente al Tribunal de origen, previo las anotaciones de rigor.

CPIESE, NOTIFQUESE Y CMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leda, discutida y aprobada por la Sala en la sesin del da 3 de junio de 2021.

HERNANDO SNCHEZ SNCHEZ      OSWALDO GIRALDO LPEZ    
                  Presidente 
                                                	
NUBIA MARGOTH PEA GARZN        ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDS 



 Folios 16 a 37 del cuaderno de documentos aporta dos por apoderado de la SuperSociedades.
 ARTICULO 116.<Artculo modificado por el artculo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_03_2002.html" \l "1" 1del Acto Legislativo No. HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_03_2002.html" \l "1" 3de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> <Inciso modificado por el artculo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html" \l "26" 26del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscala General de la Nacin, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. Tambin lo hace la Justicia Penal Militar.
El Congreso ejercer determinadas funciones judiciales.
Excepcionalmente la ley podr atribuir funcin jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les ser permitido adelantar la instruccin de sumarios ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la funcin de administrar justicia en la condicin de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los trminos que determine la ley.
 ART. 90. Competencia. La Superintendencia de Sociedades asume la funcin jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artculo 116 inciso 3 de la Constitucin Poltica. Ser competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurdicas, llmense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estn sujetas a un rgimen especial de intervencin o liquidacin. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarn los procedimientos concursales de las personas naturales. 
NOTA: La posicin de la Superintendencia de Sociedades frente a la contradiccin parcial entre los artculos 90 y 214 de la Ley 222, ha sido la de asumir competencia en los procesos concursales de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, que no estn sujetas a un rgimen especial de intervencin o liquidacin (Res. 100-1856/99, arts. 2, nm. 1, y 3, nm. 1).
 4. Exclusin de la lista. Las autoridades judiciales excluirn de las listas de auxiliares de la justicia, e impondrn multas hasta de diez (10) salarios mnimos legales mensuales segn el caso: 
a) A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisin de delitos contra la administracin de justicia;
b) A quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hubieren prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho;
c) A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administracin de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestin, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administracin negligente;
d) A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador ad ltem;
e) A las personas a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrcula o licencia;
f) A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situacin legal o reglamentaria;
g) A quienes hayan fallecido o se incapaciten fsica o mentalmente;
h) A quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional;
i) A quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados;
j) Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijacin judicial o por encima del valor de esta;
k) A quienes siendo servidores pblicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias.
PARGRAFO 1o.La exclusin y la imposicin de multas se resolver mediante incidente el cual se iniciar por el juez de oficio o a peticin de parte, dentro de los diez (10) das siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la exclusin o de su conocimiento. Para excusar su falta el auxiliar deber justificar su incumplimiento.
PARGRAFO 2o.Tambin sern excluidas de la lista las personas jurdicas cuyos miembros incurran en las causales previstas en los numerales b), c), d), e), i) y j) del presente artculo, as como las personas jurdicas que se liquiden.
 ARTCULO 135. INCIDENTES Y OTRAS CUESTIONES ACCESORIAS. <Artculo derogado por el literal c) del artculo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los trminos del numeral 6) del artculo 627> Se tramitarn como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente seale; las dems se resolvern de plano, y si hubiere hechos que probar, a la peticin se acompaar prueba siquiera sumaria de ellos.
 Folio 31 a 43 del cuaderno No. 4..
 ARTCULO193.Alcance de la funcin jurisdiccional disciplinaria.Mediante el ejercicio de la funcin jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infraccin al rgimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial. 
 ARTCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR.<Artculo derogado por el literal c) del artculo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr015.html" \l "626" 626de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los trminos del numeral 6) del artculo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr015.html" \l "627" 627><Artculo modificado por el artculo 1, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La apelacin se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razn de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos ntimamente relacionados con aqulla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apel hubiere adherido al recurso, el superior resolver sin limitaciones.
Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, ste deber proferir decisin de mrito aun cuando fuere desfavorable al apelante. (la Sala destaca).
. 
 Corte Constitucional, sentencias C-592 de 1992 y C-384 de 2000.
 Corte Constitucional, sentencia C-156 de 20 de marzo de 2013. Magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas Silva.
 Artculo 116. []Excepcionalmente la ley podr atribuir funcin jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les ser permitido adelantar la instruccin de sumarios ni juzgar delitos
[].
 Artculo 2. Funciones de la superintendencia de sociedades.La Superintendencia de Sociedades desarrollar las atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le corresponden, mediante el ejercicio de las siguientes funciones
[..].
 ART. 226. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal dcimo del artculo 150 de la Constitucin Poltica, revstese al Presidente de la Repblica de precisas facultades extraordinarias, por el trmino de seis meses contados a partir de la publicacin de la presente ley para que determine la estructura, administracin y recursos de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que cumpla adecuadamente las funciones que se le fijan en la presente ley.
 Ver Corte Constitucional, Sala Plena. Expediente: D-319. Magistrado ponente Jos Gregorio Hernndez Galindo.
 Consejo de Estado, Seccin Primera, Auto de 20 de enero de 2000, expediente nm. 5939, Consejero ponente, doctor Juan Alberto Polo Figueroa.
 Inciso 3o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-415-02 de 28 de mayo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett; "bajo el entendido que la expresin 'ante las mismas' se refiere a las autoridades judiciales en los trminos sealados en la parte motiva de esta sentencia". 

Inciso 3o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-384-00 del 5 de abril de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, ... bajo el entendido de que no impide el ejercicio de la accin de tutela contra las providencia adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, ni las acciones contencioso administrativas en caso de 
que dichos entes actuaren excediendo sus competencias jurisdiccionales".
ART. 86. Otras funciones. Adems la Superintendencia de Sociedades cumplir las siguientes funciones: 
[]. 
3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mnimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus rdenes, la ley o los estatutos.  
 ART. 152. Remocin de los administradores. Los administradores de la entidad deudora sern removidos en los mismos eventos previstos para el concordato.
 ART. 171. Remocin. Habr lugar a la remocin del liquidador, de oficio o a peticin de la junta asesora, cuando se acredite el incumplimiento grave de sus funciones. 
De la solicitud de remocin se dar traslado al liquidador, por el trmino de cinco das, vencido el cual se decidir la misma y se designar la persona que haya de sustituirlo. Contra esta providencia procede nicamente el recurso de reposicin. 
Si se encuentra probado el motivo de la remocin, el liquidador no tendr derecho al pago de los honorarios definitivos.
 Al respecto ver Corte Constitucional, sentencias C-286 de 1996 y C-798 de 2003.









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Nmero nico de radicacin: 13001233100020040089601
Actor: GARCILAZO DE LA VEGA SERNA

Calle 12 No. 7-65  Tel: (57-1) 350-6700  Bogot D.C.  Colombia
www.consejodeestado.gov.co




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